Abogados especialistas en Conflictos en comunidades de propietarios

Resolución de Conflictos en Comunidades de Propietarios en Castellón

La convivencia en una comunidad no tiene por qué convertirse en una pesadilla por culpa de vecinos problemáticos, morosidad o presidentes que abusan de su cargo. Frente a las vulneraciones de la Ley de Propiedad Horizontal, actuar con tibieza solo agrava el problema. En Gargori Abogados, nuestros abogados especialistas en propiedad horizontal en Castellón asumen la representación técnica de la comunidad o del propietario afectado para restaurar la legalidad y el orden de forma tajante.

Vías de Actuación Legal en su Comunidad

Aplicamos la ley con contundencia para proteger su tranquilidad y el valor de su inmueble frente a cualquier abuso comunitario:

• Reclamación a propietarios morosos: Iniciamos procedimientos monitorios exprés para embargar cuentas y bienes a los vecinos que no pagan sus cuotas, asfixiando económicamente a la comunidad.
• Obras ilegales y alteración de elementos comunes: Exigimos la demolición inmediata de cerramientos, anexiones o alteraciones estéticas realizadas sin el consentimiento unánime de la junta.
• Impugnación de acuerdos de la junta: Anulamos en los tribunales las decisiones adoptadas con defectos de forma, abusos de mayoría o que lesionen gravemente sus intereses privativos.
• Defensa ante derramas abusivas: Bloqueamos legalmente la imposición de gastos desproporcionados o no amparados por la normativa vigente.
• Exigencia de reparaciones: Forzamos a la comunidad a reparar filtraciones, daños estructurales o problemas de accesibilidad que afecten directamente a su vivienda.

Acción de Cesación por Actividades Molestas

Si un vecino o inquilino realiza actividades ruidosas, insalubres, peligrosas o ilícitas (como pisos turísticos ilegales), no tiene por qué soportarlo. Activamos la acción de cesación judicial. Si el infractor ignora los requerimientos, solicitamos al juez no solo la paralización inmediata de la actividad, sino la privación del derecho al uso de su propia vivienda por un periodo de hasta tres años.